La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n (CSJN) hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por las querellas en el marco de la investigaci\u00f3n contra el exjuez de instrucci\u00f3n porte\u00f1o, Luis Alberto Zelaya, por no investigar a un grupo de polic\u00edas federales por las torturas aplicadas a un expolic\u00eda para que confesara su participaci\u00f3n en el secuestro que en 1991 sufri\u00f3 el expresidente Mauricio Macri, y tambi\u00e9n, en otro caso, aquellas a las que fue sometido un ciudadano uruguayo, para que declarase contra un abogado.<\/p>\n\n\n\n
De este modo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti compartieron la postura del procurador general de la Naci\u00f3n interino, Eduardo Casal, quien mantuvo en el recurso extraordinario presentado oportunamente por el responsable de la Fiscal\u00eda N\u00b04 ante la C\u00e1mara Federal de Casaci\u00f3n Penal, Javier De Luca.<\/p>\n\n\n\n
En 2014, la CSJN ya hab\u00eda intervenido en el caso y ordenado que se revisara el sobreseimiento de Zelaya, pero la Sala I de Casaci\u00f3n rechaz\u00f3 el planteo de la querella y omiti\u00f3 tratar la presentaci\u00f3n de la fiscal\u00eda. As\u00ed confirm\u00f3 lo resuelto por la C\u00e1mara Nacional en lo Criminal y Correccional, que sobresey\u00f3 al exmagistrado.<\/p>\n\n\n\n
Los casos<\/p>\n\n\n\n
En la madrugada del 24 de agosto de 1991, un grupo de polic\u00edas secuestr\u00f3 al entonces empresario Mauricio Macri, cuando llegaba a su casa del Barrio Parque porte\u00f1o. El hombre permaneci\u00f3 cautivo en el s\u00f3tano de un local del barrio porte\u00f1o de Boedo, durante doce d\u00edas hasta que, tras el pago de un rescate millonario en d\u00f3lares, fue liberado ileso.<\/p>\n\n\n\n
Por el caso, en 2014, fueron juzgados y condenados los integrantes de la denominada \u201cbanda de los comisarios\u201d, quienes hab\u00edan secuestrado a otros cuatro empresarios, entre 1978 y 1991, uno de los cuales fue asesinado.<\/p>\n\n\n\n
Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti hicieron suyos los argumentos del procurador Casal, dieron lugar a la queja y declararon procedente el recurso extraordinario<\/p>\n\n\n\n
Entre los efectivos condenados se encontraba Juan Carlos Bayarri, quien denunci\u00f3 que fue golpeado y torturado -al igual que su padre- para que confesara su intervenci\u00f3n en el secuestro de Macri. El polic\u00eda tambi\u00e9n acus\u00f3 al entonces juez Zelaya por haber protegido a los oficiales que participaron en la agresi\u00f3n, cuando tuvo que investigar esos apremios y los sobresey\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
La denuncia lleg\u00f3 a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en 2008, conden\u00f3 al Estado argentino a pagar una indemnizaci\u00f3n, por haber violado derechos humanos de Bayarri quien estuvo 13 a\u00f1os detenido bajo prisi\u00f3n preventiva acusado de integrar la “banda de los comisarios” y sali\u00f3 en libertad a ra\u00edz del fallo.<\/p>\n\n\n\n
Zelaya tambi\u00e9n fue acusado por otro caso ocurrido en 1988. En aquella oportunidad, un ciudadano uruguayo y su abogado fueron detenidos por la Polic\u00eda Federal. El hombre fue torturado para que diera datos sobre su letrado y se pudiera montar un proceso penal en su contra, que deriv\u00f3 en el allanamiento del estudio jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n
Por este caso, en 2007, la CIDH consider\u00f3 que el hombre fue sometido a torturas y se vulneraron sus derechos humanos, en virtud de lo cual se conden\u00f3 al Estado Argentino a realizar las investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades, adem\u00e1s de ordenar una indemnizaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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