AVELLANEDA: MARCHA ATRÁS CON LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA SOCIAL DE LOS MUNICIPALES
Fue frenada por la Justicia federal
La Justicia ordenó suspender la liquidación de la Obra Social del Personal Municipal de Avellaneda (OSPMA), en medio de una serie de protestas realizadas por trabajadores de ese distrito del conurbano sur.
La orden la dictó el Juzgado Federal de Quilmes, que falló de manera favorable al pedido de medida cautelar de acción de amparo, presentado por el Sindicato de Trabajadores Municipales.
El gremio había realizado un “abrazo solidario” a la sede de la obra social, con el fin de tratar de impedir su cierre.
“Queda sin efecto la resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación que intentaba iniciar el proceso de baja de nuestra Obra Social. También nuestros equipos técnicos tomaron contacto con las nuevas autoridades de la Superintendencia a fin de acercar información probablemente mal direccionada por el sistema TAD (Trámites a Distancia) y evacuar dudas”, indicó el gremio.
Es que hace pocos días renunció el superintendente de servicios de salud, Gabriel Oriolo, quien fue reemplazado por Claudio Stivelman, hasta ahora gerente general del organismo que regula el funcionamiento de obras sociales y prepagas.
El gremio negó, además, que la obra social tenga problemas financieros, una de las razones que se había esgrimido para intentar su cierre.
El primer capítulo de esta problemática fue la orden emitida por la Superintendencia a las autoridades de la obra social, que obligaba a liquidar su patrimonio y darse de baja, por considerar que tiene pocos afiliados (5.000).
Días después de esa resolución, una multitud compuesta por trabajadores y sus familias se reunió para abrazar la sede de la OSPMA, ubicada en la calle Laprida de la localidad de Crucecita, de ese partido, “en defensa de la institución, el derecho a la salud y la continuidad de tratamientos de todo tipo que la obra social garantiza”.
Desde la obra social agregan que se declararon en crisis en 2020, pero porque ese paso era condición necesaria para recibir los Aportes al Trabajo y la Producción (ATP), que el gobierno de Alberto Fernández implementó como medida contracíclica durante la pandemia global de coronavirus.
Pero aclararon que desde hace años se encuentran al día tanto en materia de sueldos, como de pagos a proveedores y prestadores, y tampoco registra quejas de usuarios, por lo que no existen motivos reales que justifiquen la drástica medida, a la que consideraron “curiosa y llamativa”.
