ORDENAN REABRIR LA INVESTIGACIÓN AL JUEZ QUE HABRÍA OMITIDO DENUNCIAS DE TORITUAS EN LA CAUSA DEL SECUESTRO DE MAURICIO MACRI
El entonces empresario estuvo cautivo 14 días
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) hizo lugar al recurso extraordinario interpuesto por las querellas en el marco de la investigación contra el exjuez de instrucción porteño, Luis Alberto Zelaya, por no investigar a un grupo de policías federales por las torturas aplicadas a un expolicía para que confesara su participación en el secuestro que en 1991 sufrió el expresidente Mauricio Macri, y también, en otro caso, aquellas a las que fue sometido un ciudadano uruguayo, para que declarase contra un abogado.
De este modo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti compartieron la postura del procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, quien mantuvo en el recurso extraordinario presentado oportunamente por el responsable de la Fiscalía N°4 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca.
En 2014, la CSJN ya había intervenido en el caso y ordenado que se revisara el sobreseimiento de Zelaya, pero la Sala I de Casación rechazó el planteo de la querella y omitió tratar la presentación de la fiscalía. Así confirmó lo resuelto por la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, que sobreseyó al exmagistrado.
Los casos
En la madrugada del 24 de agosto de 1991, un grupo de policías secuestró al entonces empresario Mauricio Macri, cuando llegaba a su casa del Barrio Parque porteño. El hombre permaneció cautivo en el sótano de un local del barrio porteño de Boedo, durante doce días hasta que, tras el pago de un rescate millonario en dólares, fue liberado ileso.
Por el caso, en 2014, fueron juzgados y condenados los integrantes de la denominada “banda de los comisarios”, quienes habían secuestrado a otros cuatro empresarios, entre 1978 y 1991, uno de los cuales fue asesinado.
Los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti hicieron suyos los argumentos del procurador Casal, dieron lugar a la queja y declararon procedente el recurso extraordinario
Entre los efectivos condenados se encontraba Juan Carlos Bayarri, quien denunció que fue golpeado y torturado -al igual que su padre- para que confesara su intervención en el secuestro de Macri. El policía también acusó al entonces juez Zelaya por haber protegido a los oficiales que participaron en la agresión, cuando tuvo que investigar esos apremios y los sobreseyó.
La denuncia llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en 2008, condenó al Estado argentino a pagar una indemnización, por haber violado derechos humanos de Bayarri quien estuvo 13 años detenido bajo prisión preventiva acusado de integrar la “banda de los comisarios” y salió en libertad a raíz del fallo.
Zelaya también fue acusado por otro caso ocurrido en 1988. En aquella oportunidad, un ciudadano uruguayo y su abogado fueron detenidos por la Policía Federal. El hombre fue torturado para que diera datos sobre su letrado y se pudiera montar un proceso penal en su contra, que derivó en el allanamiento del estudio jurídico.
Por este caso, en 2007, la CIDH consideró que el hombre fue sometido a torturas y se vulneraron sus derechos humanos, en virtud de lo cual se condenó al Estado Argentino a realizar las investigaciones para determinar las correspondientes responsabilidades, además de ordenar una indemnización.
