CUATRO INTEGRANTES DE UNA SECTA FUERON CONDENADOS POR TRATA DE PERSONAS
Condenas a cuatro años de prisión
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín condenó, en el marco de un juicio abreviado, a cuatro personas a cuatro años de prisión por haber colaborado en la captación y acogimiento de, por lo menos, ocho víctimas con el objetivo de conseguir réditos económicos de ellas mediante la reducción a la servidumbre, además de someterlas a distintas prácticas de índole sexual. Una de las damnificadas era menor de 18 años al momento de los hechos.
El tribunal, integrado por los jueces Walter Antonio Venditti, Fernando Machado Pelloni y Daniel Omar Gutiérrez, consideró que los imputados Francisco Aurelio Pugliese, Leonardo Abel Gandarinho, Carina Lorena Cardoso y Lisa Beatriz Baissetto participaron en calidad de partícipes secundarios del delito de “trata de personas agravado por haber sido cometido: mediando engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las víctimas, contra más de tres víctimas, con la participación de más de tres personas y la intervención del ministro de un culto no reconocido”.
Además, se les endilgó una participación secundaria en el delito de “abuso sexual agravado por haber sido cometido: con acceso carnal, en forma gravemente ultrajante, por parte del ministro de un culto no reconocido, con la intervención de más de tres personas y contra una menor de dieciocho años, aprovechando una situación de convivencia preexistente”.
En el debate, intervino el titular de la Fiscalía General N°2 ante los TOCF de San Martín, Alberto Adrián María Gentili y la Defensoría Pública de las Víctimas actuó como querellante. Por otra parte, en línea con un pedido realizado por el MPF, los magistrados ordenaron una reparación económica que va de los 2.679.002,88 de pesos a 36.447.764,44 de pesos para cada una de las ocho víctimas del caso, que deberá hacerse efectiva a través del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, más la actualización correspondiente a la tasa activa del Banco Nacional al momento de concretarse el pago.
Finalmente, el tribunal ordenó el decomiso del dinero secuestrado para que sea transferido a las cuentas bancarias a nombre del Fideicomiso de Administración del Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata. Además, dispuso que los vehículos y bienes inmuebles decomisados sean inscriptos en los registros correspondientes a nombre del Estado Nacional, con asignación específica al Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personal y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
