EL GOBIERNO RESPALDÓ A PATRICIA BULLRICH, QUE FUE DENUNCIADA POR ABUSO DE AUTORIDAD
El foco está puesto en los gases que le lanzaron a una nena
Mientras el Gobierno nacional respaldó a la ministra de Seguridad y destacó el operativo que coordinó para aplacar la movilización en rechazo al veto de la ley de actuación de jubilaciones, Patricia Bullrich fue denunciada hoy por presunto abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público a raíz del operativo de seguridad.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló del episodio en el que un efectivo de seguridad arrojó gases a una menor de 10 años y responsabilizó a su madre en la habitual conferencia de prensa. “Nos apena de sobremanera que una nenita de 9 o 10 años, la irresponsabilidad es de la madre”, sostuvo al tiempo que cuestionó el uso político del acontecimiento al sostener que la menor está expuesta en los distintos canales de televisión.
En la misma línea, Adorni, insistió en que “la ministra de Seguridad, en lo que ataña la jurisdicción federal está haciendo un gran trabajo desde el comienzo de la gestión”, lo que es ”valorado” por el presidente Javier MIlei “independientemente de opiniones en otra línea”.
En tanto que, la denuncia que presentó el abogado Gregorio Dalbón será investigada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien subroga el juzgado federal 9 de la ciudad de Buenos Aires, donde quedó radicada por sorteo, informaron fuentes judiciales.
El abogado pidió ser citado para ratificar y ampliar la denuncia por la represión que incluyó el rociado con gas pimienta a una nena de diez años que asistía a la marcha con su mamá y que según imágenes difundidas por medios de comunicación estaba junto con ella agachada para protegerse cuando un policía las roció.
La denuncia se presentó por el artículo 248 del Código Penal que prevé de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo para ejercer cargos públicos para quien “dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
De manera posterior, también fue denunciada en los tribunales federales de Retiro por los mismos hechos la funcionaria del Ministerio de Seguridad nacional Alejandra Monteoliva por presunta violación de deberes de funcionario público.
La denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria junto a Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto García y quedó a cargo de la jueza federal María Servini.
